Extintores El Pan - Azuay

La temporada de verano que atraviesa el sur de Ecuador incrementó las emergencias por incendios forestales. Según las cifras de la Secretaría de Gestión de Riesgos, del 1 septiembre al 10 de noviembre del 2017 se con sumieron 419 hectáreas de vegetación.

Mientras que en los primeros ocho meses se contabilizaron 521 hectáreas destruidas. Los cantones de Cuenca y Oña son los más afectados. Durante el día la provincia del Azuay, en el sur del país, registra temperaturas superiores a los 28 grados centígrados.

Uno de los más graves se registró el pasado mes de octubre en la parroquia Susudel, perteneciente al cantón Oña, donde se afectaron 111 hectáreas de acuerdo con el informe del Ministerio de Ambiente. Esta quema se controló en tres días.

Entretanto, en Cuenca este viernes 10 de noviembre se reactivó un incendio forestal en el sector Pan de Azúcar, de la parroquia Molleturo, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas. Para llegar al sitio no existe vía de acceso y Bomberos de Cuenca trabajan en el sitio.

Las alertas de estas emergencias las da la Central de Emergencias ECU-911 y son monitoreadas por la Unidad de Eventos Adversos de la zonal 6 de Secretaría Nacional de Riesgos. De allí la atención se canaliza con los municipios y bomberos de los respectivos cantones.

La Secretaría de Riesgos informó que hasta el momento no se ha requerido la activación del Comité de Operaciones de Emergencia ni de recursos especiales como el aeropolicial o el refuerzo de personal de las Fuerzas Armadas.

Esta institución y el Ministerio de Ambiente trabajan en la difusión de la campaña de prevención de incendios forestales denominada “Algo nuestro se quema” que se difunde en los centros educativos, academias de deportes y tenencias política.

Iniciar un incendio forestal es un delito penado en el artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal. El mismo establece que la persona que provoque directa o indirectamente incendios en bosques nativos o territorio de páramos será sancionado con u a pena privativa de libertad de uno a tres años.